El segundo debate por el crimen de Paulina Lebbos marcó varios hitos en la historia de la justicia ordinaria. No sólo fue el más extenso, sino que tuvo un fallo que ordenó que se abrieran nuevas investigaciones.

Llegaron acusados por el crimen Roberto Luis Gómez y, por haber realizado maniobras de encubrimiento, Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (subjefe de la fuerza), Rubén Brito (ex segundo jefe de la Unidad Regional Norte) y Walmiro Rodríguez (ex policía).

En un año de debate, se conocieron numerosos indicios que permitieron entender muchas cosas. La más importante fue que las maniobras montadas para que no se conociera la verdad habían sido mucho más fuertes de lo que se pensaba. En estas instancias surgieron por primera vez los vínculos narcos que podría tener el caso.

Beneficio de la duda

El tribunal, integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto, no sólo terminó con la condena de Di Lella y Sánchez (a seis años), Barrera (cinco años y seis meses), Brito (cuatro años) y Rodríguez (tres años de cumplimiento condicional), sino que entendió que debía absolver a Gómez por el beneficio de la duda.

El crimen de Paulina Lebbos: se postergaría el juicio contra Soto y Kaleñuk

El fallo de los jueces también disponía que fueran investigados por el crimen César Soto -pareja de Paulina-, Sergio Kaleñuk, Esteban Gómez -hermano del absuelto- y Ernesto Atim. Además, ordenó que se investigara por falso testimonio, encubrimiento y falsedad ideológica a unas 40 personas. Esa lista estaba integrada por el ex gobernador José Alperovich, Virginia Mercado -la última persona que vio con vida a Paulina-, José Díaz y Francisco Picón -ex jefe y subjefe de Policía, respectivamente-, funcionarios y allegados al alperovichismo, entre otros.